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Hacienda puede perdonar una deuda a los cuatro años, pero un requerimiento puede reiniciar el plazo

Las deudas tributarias prescriben a los cuatro años, aunque determinadas actuaciones de Hacienda pueden interrumpir el plazo y reiniciar el contador.

Hacienda puede perdonar una deuda a los cuatro años, pero un requerimiento puede reiniciar el plazo Pexels

Tener una deuda pendiente con Hacienda no significa que la Agencia Tributaria pueda reclamarla para siempre. La legislación española establece un plazo de cuatro años para que la Administración pueda determinar las cantidades que debe pagar un contribuyente o exigir el abono de una deuda ya liquidada.

Si transcurre ese periodo sin que se produzca ninguna actuación que interrumpa legalmente la prescripción, la deuda queda extinguida y Hacienda pierde el derecho a reclamar su pago.

Esta posibilidad está recogida en el artículo 66 de la Ley 58/2003, General Tributaria. La norma distingue entre el plazo del que dispone la Administración para determinar una deuda tributaria y el que tiene para exigir el pago de una cantidad que ya ha sido liquidada.

Cuándo empiezan a contar los cuatro años

Aunque el plazo de prescripción es el mismo, su fecha de inicio depende de la situación del contribuyente. Cuando Hacienda todavía tiene que determinar cuánto debe pagar una persona, los cuatro años comienzan a contar desde el día siguiente a aquel en que termina el periodo voluntario para presentar la declaración correspondiente.

Si la deuda ya está liquidada y la Administración pretende cobrarla, el plazo empieza al día siguiente de finalizar el periodo voluntario de pago. Cuando la declaración se presenta fuera del plazo establecido, el cómputo arranca al día siguiente de su presentación.

La diferencia es importante, ya que el momento en que Hacienda puede determinar una deuda no tiene por qué coincidir con aquel en el que puede exigir su pago.

Las actuaciones que permiten a Hacienda interrumpir la prescripción

La Ley General Tributaria recoge varias actuaciones que pueden tener ese efecto. Cuando Hacienda busca determinar una deuda, el plazo puede interrumpirse por actuaciones administrativas dirigidas al reconocimiento, regularización, comprobación, inspección, aseguramiento o liquidación de los impuestos.

También pueden interrumpirlo la presentación de recursos o reclamaciones del propio contribuyente para liquidar o autoliquidar la deuda tributaria.

En el caso de las cantidades que ya están pendientes de pago, la interrupción puede producirse por la actuación de la Administración dirigidas a cobrar la deuda. También cuentan la presentación de recursos o reclamaciones, la declaración de concurso del deudor, el ejercicio de acciones civiles o penales para reclamar encaminada a conseguir el pago o la extinción de la obligación. Cuando se produce una interrupción, el plazo anterior deja de contar y comienza un nuevo periodo de cuatro años.

Cuándo vuelve a empezar el contador de la deuda

Una actuación que interrumpa legalmente la prescripción puede cambiar por completo los plazos para reclamar una deuda.

Por ejemplo, si Hacienda inicia una actuación válida cuando está a punto de cumplirse el periodo de cuatro años, el cómputo vuelve a empezar. La Administración dispondrá entonces de un nuevo plazo de cuatro años, siempre que no se produzca otra circunstancia que modifique su duración.

La normativa contempla algunas excepciones. En concreto, los efectos interruptivos de las declaraciones de concurso del deudor y de los recursos o reclamaciones no se mantienen cuando estos no se confirman mediante una resolución judicial.

A los cuatro años, la prescripción extingue la deuda tributaria

Si transcurre el plazo legal sin que se produzca ninguna actuación que interrumpa la prescripción, Hacienda pierde el derecho a exigir el pago de las cantidades pendientes.

Así lo establece el artículo 69 de la Ley General Tributaria, que señala expresamente que 'la prescripción ganada extingue la deuda tributaria'.

La norma también establece que esta prescripción se aplica en todos los casos, incluso cuando la deuda ya se ha pagado, sin que sea necesario que el contribuyente presente una excepción para beneficiarse de ella.